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Estados Unidos: Legislación local anti inmigrante parcialmente cercenada
Esther Barrera Mendez
Los Tiempos USA
Enero
26, 2008, 3:36 EST
Funcionarios del condado de Prince William recomendaron quitar dos programas de la lista de servicios que se negarían a inmigrantes indocumentados, uno por falta de autoridad local y otro por la importancia del servicio. La norma entrará en vigencia el 1 de julio.
Si las recomendaciones son escuchadas, solo cuatro servicios y dos beneficios serían negados a los indocumentados del plan que negaba ocho servicios y que fue aprobado por unanimidad por los supervisores en octubre.
El servicio que no puede negar, por que el estado no lo permite, es un programa que beneficia a ancianos y personas que viven en la calle. En tanto la consejeria antidrogas, es un programa que ha posibilitado la prevención en los jóvenes estudiantes y mejora sus posibilidades de estudio.
El reporte indica que de implementarse la normativa local así como está generaría cientos de demandas legales y sus consecuentes pérdidas de dinero.
Se mantienen en la lista: negar ayuda impositiva a propietarios de viviendas ancianos o discapacitados, aunque aclaran que no será fácil determinar el estatus migratorio de los actuales beneficiarios; igual ocurre con los poseedores de licencias comerciales, quienes tendrán que llevar personalmente su prueba de estatus legal en el término de un año de iniciada la regulación, que será el 1 de julio del presente año.
También mantiene intacto lo relacionado a la facultad de la policía para preguntar el estatus migratorio a cualquier detenido y ante la sola sospecha ocacionada por cualquier infracción.
Si bien el reporte ni los supervisores especifican cuánto ahorrará el condado negando estos servicios, el costo para implementarlos ronda los 3.3 millones de dólares: casi dos millones para el Departamento de Policia, un millón para un centro de detención y 500 mil para servicios sociales.
En febrero iniciarán los entrenamientos del personal para identificar documentos que serán aceptados como prueba de estatus legal y en marzo habilitarán canales de información a los habitantes del condado.
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